Cuando a Elías Neuman, el más renombrado jurista penal del país, se le preguntó qué opinaba acerca de bajar la edad de imputabilidad a los menores que delinquen, respondió tajante: “Todo esto tiene tufillo de venganza, no de justicia. Ningún criminólogo del país va a decir que, si las penas son más duras, la delincuencia va a disminuir. Lo que hace que la delincuencia disminuya son medidas sociopolíticas, como el pleno empleo”.
El tufo a venganza, obviamente, es el que se desprende de una sociedad dominante, de mentalidad pacata, que se niega a ver más allá de sus narices las causas de la delincuencia juvenil, que irradia miedos a borbotones y exige más y más represión. Es la venganza de los que viven en la burbuja de un sistema tan caduco pero, para ellos, tan intocable. No es, pues, la venganza de los inocentes sino la de los culpables que, además, tienen sus representantes en el Congreso, lugar donde se dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De aprobarse, se mandará a las escuelas de la delincuencia –las prisiones- a nuevos contingentes de purretes cada vez más jóvenes. Todo en nombre de la “seguridad”.
“Hablamos de inseguridad social y la hay y es terrible –nos dice Elías Neuman- pero es la inseguridad social de la clase media y alta. La de la clase de abajo también habría que analizarla y esa también se tendría que llamar inseguridad social, ya que cuando decimos hambre, estado de subnutrición, falta de trabajo, todo eso también significa inseguridad”.
Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, increpa: ¿”Por qué no hablamos de la inseguridad de los niños y adolescentes”? Porque, en la realidad, los jóvenes en la pobreza son el blanco preferido de los represores con uniforme. Veamos:
El informe, el décimo cuarto elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, indica que en los primeros diez meses de 2009 se registraron 269 muertes y que “policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy”. El 51% cayó víctima del “gatillo fácil” y el 33% murió en cárcel, comisaría o bajo custodia.
En la madrugada del 17 de junio último, en el asentamiento Alto de Bariloche –el más humilde barrio de la zona- un cabo de la Comisaría 28 asesinó a Diego Alexandre Bonefoi: el balazo del “gatillo fácil” le atravesó la cabeza. El estallido de indignación de la población fue reprimido con similar saña y hubo más muertos y heridos. La venganza se cobraba así más víctimas, quizás las que superan el número de 3.000.
Los números de la pobreza
Pero si tenemos que hablar de la inseguridad de los jóvenes pobres debemos agregar otros datos:
Hay cientos de chicos secuestrados, violados, desaparecidos y los culpables en su mayoría se encuentran en libertad con impunidad.
Hay 20.000 menores al año que mueren anualmente por complicaciones derivadas de la desnutrición.
Había 19.579 niños, niñas y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de libertad en todo el país en 2006, pero la cifra total real sería entre 25 y 40% mayor, según reconoció Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos. La mayor parte de estos Institutos de encierro o internación distan de ser los ideales para una reeducación e inclusión social de los chicos.
Hay todavía millones de chicos que se crían en la pobreza y marginalidad, que no cubren necesidades básicas y viven en precariedad, chicos que por ser hijos de desocupados –en dos, tres o cuatro generaciones- desconocen la cultura del trabajo.
Hay trabajo infantil ilegal, explotación, en las urbes y en el campo. La mendicidad la vemos a diario: recolección de residuos en la vía pública (cirujeo); venta ambulante; reparto de estampitas en medios de transporte; venta de productos o flores en bares y restaurantes; acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o en la calle; el realizado en empresas; microempresas o subsidiariamente en grandes empresas; el trabajo doméstico en hogares de terceros o en el propio en ausencia del los padres en forma habitual; la explotación sexual con fines comerciales, la pornografía y el turismo sexual; tráfico de drogas; servicios a automovilistas en la vía pública (limpia vidrios, abre puertas, malabaristas, etc.); lustrabotas…. La lista es interminable.
Los campeones de la “seguridad”
De estas cosas no hablan los campeones de la “seguridad”, su discurso es otro, el de elevar la edad de la imputabilidad o el de la purificación por plomo. Un ejemplo de ese vocabulario: el 17 de mayo, el Tribunal Criminal Nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del policía que asesinó a un joven. Su defensor, un abogado muy caro, lanzó todo el odio de las clases altas en su grito de victoria: "Si no era absuelto, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir". A confesión de parte, relevo de pruebas.
Sin embargo, este discurso represor irracional esconde una verdad: detrás de la delincuencia juvenil existe un sistema de reclutamiento de menores para el financiamiento ilegal de la policía. Y para que esa delincuencia le sea rentable a la caja policial, la “Justicia” debe hacer la vista gorda cuando el contubernio se denuncia.
Un estudio de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) señala que en el Departamento Judicial de La Plata, al menos veintiséis Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la que se constata hostigamiento policial a menores y se denuncia su reclutamiento para delinquir en zonas liberadas, 19 de ellas están empantanadas.
Si bien los delitos juveniles existen –agrega la investigación-, la promoción del miedo social para endurecer las leyes o ganar discrecionalidad policial, también. Contrariamente a la construcción mediática y a su representación inducida en el imaginario colectivo, las ultimas estadísticas de la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires sugieren que la participación juvenil en el delito dista de ser significativa respecto de las cifras globales: de los 337.977 delitos denunciados en el primer semestre de 2009, solo 13.728 (4%) fueron cometidos por menores de edad. De esos 13.728 delitos, la mayoría son robos a la propiedad, y solo 141 son homicidios, es decir un 1.02% de los delitos denunciados contra menores.
Además, no son los chicos los que están detrás de los desarmaderos, ni de ninguna red de narcotráfico, ni detrás de los grupos económicos que se enriquecen a costa del hambre que es un crimen. Es posible que sí lo estén, en cambio, muchos de los poderosos que impulsan el proyecto en cuestión.
En la tierra de Scioli
El 18 de mayo un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y políticas, entre ellas la CTA, junto a cientos de niños y jóvenes, realizaron una Audiencia Pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al articulado del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación.
En dicha audiencia se fundamentó la negativa a la baja de imputabilidad, porque –se sostuvo- “la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza”.
El documento añade algo que es fundamental: “Sabemos que la única respuesta real es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza”. El proyecto va en dirección opuesta, es más de lo mismo a la hora de criminalizar la pobreza y judicializar a esa juventud a la que la sociedad le ha cerrado las puertas de la inclusión.
“Esos pibes son los que hoy muchas veces no tienen esperanza, no tienen proyecto de vida y a esos pibes es a los que hoy se los quiere penalizar”, sostuvo la dirigente de la CTA bonaerense y diputada nacional Graciela Iturraspe. En esta concepción represora, lamentablemente, está embarcada la gestión del gobernador Daniel Scioli.
Precisamente, el último informe del Observatorio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ha expresado “la gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) por delitos contra menores cometidos por la policía y otras fuerzas del orden”. Y en esa dirección ejemplifica con el caso de desaparición forzada del niño Luciano Arruga durante su detención policial en enero de 2009, e interroga el por qué la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud.
Por esta senda, por la de elevar aquellas medidas que fortalecen la impunidad de un aparato represivo todavía en buena medida con orientación autoritaria, coimera, corrupta y conservadora, lo único que se logra es consolidar una modelo de sociedad orientada contra la pobreza y sus protestas. Esto va a contramano de medidas positivas, por ejemplo, la asignación universal para los pibes de bajos recursos que permitió que este año se eleve la matrícula escolar en un 25%.
Es justamente porque en la provincia de Buenos Aires se va a contramano, un amplio abanico de personalidades y organizaciones sociales, entre ellas la CTA, se presentó públicamente en La Plata en junio último para dar a conocer el “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, y plantear “otro paradigma para pensar la seguridad”. Un paradigma que contemple la democratización de las fuerzas de seguridad, el rechazo a los discursos de mano dura, la implementación de políticas que no criminalicen la pobreza y frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, impulsando en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.
Rechazos y argumentos
¿Y la seguridad de los chicos?
¿”Cuándo van a preguntarles a los chicos cuál es su seguridad? Nos resulta extraño y preocupante que nuestros legisladores se predispongan a discutir que es necesario meter presos a niños cada vez más chiquitos en vez de dar una respuesta amplia y definitiva para que todos los pibes de nuestro país tengan sus derechos garantizados. No puede penalizarse a los chicos cuando son víctimas de una sociedad injusta. Bajar la edad de imputabilidad significaría condenar la pobreza. Debe escucharse la voz de los chicos”. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Por amor a los niños
“Los que piden mano dura ocultan lo que todos sabemos, con mayor o menor conciencia: la vida de nuestros niños está en riesgo: millones no cubren sus necesidades básicas; millones hacen tareas para ayudar a sobrevivir a su familia, millones son indigentes, y los que trabajan, lo hacen en condiciones precarias, la mayoría en la calle, perseguidos por la policía y la seguridad privada. Los accionistas de los niños descalzos piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran esos pequeños hambrientos de miradas oscuras que piden un poco de amor aunque sea de segunda mano. Los destinatarios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, nacida para proteger alimentar y acariciar al cachorro humano recorren las calles tirando de sus carritos cargados con los despojos de una felicidad ajena y descartable”. Alberto Morlachetti, Coordinador Nacional del Movimiento de Los Chicos del Pueblo
Que la vida valga
“Los hacedores de leyes duras y penas de acero no salieron en otros momentos a alentar rebeliones, cuando el menemismo saqueaba nuestro país con privatizaciones impuras mientras amontonaba pobres a la intemperie. Hoy el 60 por ciento de los pibes son pobres. Mientras el hambre -asesino serial- anda suelta por las calles matando 25 niños por día en un sistema patrocinado por el odio, que se empeña en enfatizar la "inutilidad" social de los excluidos, intentando bajar la edad de punición, para someterlos a drásticos procesos de encierro, para que no prediquen el evangelio de su disidencia, ni siquiera en el gráfico y terrible lenguaje de las paredes de un calabozo, quieren que la vida no valga nada. Pero que vayan sabiendo que la dignidad no se mide por el tamaño de los patrimonios, sino por aquellos benditos esperanzados que caminan a través de los siglos detrás de la utopía”. Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA; Foro de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires
Encima, los penalizan
“Cuando se implementó en el país la Ley Federal de Educación, se propuso una educación para la eficiencia, eficacia y excelencia. Pero hoy tenemos una población que ha sido objeto de la exclusión, esto motivó que surgieran grandes problemas como la droga, la delincuencia, la vagancia, y encima ahora queremos penalizar a esos adolescentes que todavía no son mayores de edad bajando la edad de imputabilidad, como propone Blumberg. Con este criterio estamos criminalizando y penalizando a las víctimas del sistema. La seguridad no la vamos a corregir con mano dura y con leyes ¡Demos trabajo al pueblo, contengamos a nuestros niños y adolescentes”! Hermana Marta Pelloni, Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas
En la historia de la CTA
"Desde la CTA, como marca nuestra historia, siempre hemos estado por la protección social, por la calidad de vida, por la salud y educación digna de nuestros pibes, y nunca vamos a apoyar algo que implica darle una respuesta del sistema penal a los chicos desprotegidos. Este proyecto de ley es fruto de un clima de miedo que se construye desde los medios. El problema viene de sectores que se dicen progresistas que más allá de la retórica académica que le quieren dar le hacen el juego a la derecha con legislaciones que sólo criminalizan a la pobreza y a la juventud". Ricardo Peidro, Secretario de Derechos Humanos de la CTA
Por la Justicia
"La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) tiene un largo compromiso con otras organizaciones sociales y de derechos humanos que a lo largo y ancho del país venimos expresando nuestro repudia a todos los intentos de modificaciones legislativas orientadas a la criminalización de la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo. Impulsamos en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.
Sin duda los trabajadores judiciales vemos a diario cómo se persigue en la Argentina, por ser joven, por ser negro, por ser excluido social. Las cárceles están mayormente pobladas por jóvenes que no terminaron la primaria o la secundaria y nunca pudieron tener un trabajo estable. Hay que terminar con ese modelo de considerar que los que nacen en lugares pobres y excluidos, son pibes chorros. No, los pibes no nacen chorros ni nacen adictos a la droga, el sistema los empuja a la exclusión, a la miseria y a un modelo de desesperación que en definitiva termina matándolos.
Nuestro objetivo fundamental es que halla ingresos universales para todos los pibes, los seis millones de pibes menores de 18 años tienen que tener un ingreso universal, lo tienen que tener todos los hijos, y su papa y su mama tienen que tener asegurada también la perspectiva de un ingreso digno, un sueldo registrado que les permita construir un proyecto de vida. Hoy hay cientos de miles de jóvenes que no tienen perspectiva en nuestra sociedad, y no es condenándolos como vamos a resolver el problema del futuro de nuestra sociedad ni de nuestros pibes". Víctor Mendibil, Secretario de Interior de la CTA; Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)
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